PRIMER FORO NACIONAL DE CONSULTA
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

I.- ANTECEDENTES:

Desde la formación del Estado moderno, se ha exigido un sistema de orden democrático que impere sobre el autoritarismo, la impunidad y la corrupción, para la preservación de la libertad, la cultura, la educación, la dignidad, la seguridad y el sano desarrollo de la vida humana.

La sociedad se ha constituido para conservar y preservar su propia supervivencia y la seguridad de todos sus miembros, partiendo del derecho a que se les respete la vida, el patrimonio y que se les proteja de la violencia física o moral; y para ello, se ha dado vida a la Constitución de la República, a las Constituciones de los Estados, Códigos Penales y de Procedimientos Penales, órganos de Procuración y Administración de Justicia y al Sistema Penitenciario con su respectivo marco jurídico.

La sociedad demanda resultados en materia de seguridad pública y justicia, por lo que estamos convencidos de que el Estado mexicano debe afrontar el problema con unidad de propósitos, objetivos y acciones.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestra un gran avance al fijar los principios con los cuales se conformará la seguridad pública; además, sienta un precedente de la política criminal que regirá a nivel nacional, enfocada a la prevención y combate frontal al delito y la profesionalización de los elementos responsables de la seguridad bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

En el marco del régimen de colaboración establecido en el artículo 119 de la Constitución de 1917, los actores principales en el rubro de procuración de justicia, han venido trabajando de manera conjunta sumando esfuerzos en torno a un mismo propósito.

En 1994, se adicionaron los dos últimos párrafos al artículo 21 Constitucional, con la finalidad de incluir en su texto un aspecto importante: el de la seguridad pública, el cual se ha colocado como una prioridad de la agenda nacional, porque en la actualidad, la población exige más y mejores resultados en la prestación de este servicio; pero también porque esas adiciones aluden a las instancias más importantes de la función preventiva del delito y de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, con atribuciones preponderantemente preventivas.

Dentro de este marco de acción constitucional, las Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal convocan al PRIMER FORO NACIONAL DE CONSULTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA para adoptar reformas en los ámbitos legales de la prevención del delito; la procuración y administración de justicia; la readaptación social, y; la modernización del sistema penitenciario.

La problemática causada por el evidente incremento de la población interna en el Sistema Nacional Penitenciario, ocupa la atención de las autoridades federales y locales de la materia. Los datos y cifras concernientes a este aspecto, son impactantes. En efecto, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de 1998 al 2004 la sobrepoblación se incrementó en un 150%; el 79% de los internos, se encuentran ubicados en 51 de los 450 centros penitenciarios del país.

De la totalidad de la población penitenciaria, el 73% son internos del fuero común y el 27% del fuero federal. Para éstos, el Gobierno Federal, destina un socorro de ley, que asciende a la cantidad de 18 pesos por interno, a pesar de que el costo real por cada uno es superior a 150 pesos. El presupuesto de egresos de la Federación para el 2004 ordena el incremento de este rubro a 40 pesos diarios.

Esta situación motivó a los Titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas del país a impulsar una revisión a fondo del Sistema Penitenciario, para hacer un alto y analizar su realidad. El diagnóstico fue que los reos federales, en las cárceles estatales, constituyen una carga económica y administrativa para las Entidades Federativas, sin contar con los riesgos de seguridad que no son compartidos debidamente por la instancia federal; lo que los reduce a enfrentar situaciones de responsabilidad jurídica, sin ninguna obligación legal.

La CONAGO, que representa la voluntad y decisión de los ejecutivos locales, determinó convocar a los Poderes de la Unión, para proponer esquemas legales, estructurales y de operación, a fin de garantizar la seguridad pública con mayor eficacia y reforzar los ya existentes.

De esa forma, en la XVI Reunión Ordinaria de la CONAGO efectuada el 23 de abril de 2004, en la ciudad de San Luis Potosí, a propuesta del Gobernador de Sonora, C. Ing. Eduardo Bours Castelo , se aprobó impulsar la celebración de un Congreso Nacional Penitenciario para escuchar, estudiar y proponer una reforma penitenciaria integral.

El 14 de junio de este año, una comisión integrada por los Gobernadores de los estados de Sonora, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí, en la que participaron también diecisiete representantes de igual número de gobiernos de entidades federativas, hizo del conocimiento del Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Seguridad Pública Federal, los acuerdos tomados por la CONAGO en relación a una Reforma Integral Penitenciaria. En dicha reunión, el Secretario de Seguridad Pública Federal convino con la comisión, ampliar la propuesta de la CONAGO para que en su lugar se procediera a:

1. Convocar a un Foro Nacional de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia, en el que se abordarán los temas de seguridad pública preventiva, procuración y administración de justicia y sistema penitenciario.
   
2. Promover la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, o sus homólogos, para que en forma coordinada y participativa sumen esfuerzos a fin de que, en el ámbito de sus competencias, desarrollen propuestas encauzadas a mejorar y modernizar la Seguridad Pública Nacional , a través de este foro.
   
3. Convocar al H. Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal, a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, a la Procuraduría General de la República, a las Procuradurías Estatales, a los Congresos Locales, a los Ayuntamientos, a las Comisiones de Derechos Humanos, a las Instituciones Académicas, Organismos No Gubernamentales y público en general, a participar en dicho foro, presentando propuestas tendientes a mejorar la seguridad y justicia.

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES:

El Foro busca analizar las propuestas que permitan enfrentar en forma integral a la delincuencia, a través de un cambio estructural de la seguridad y justicia a nivel nacional.

En este sentido, los pilares del análisis son:

1.- Seguridad Pública Preventiva:

1. Lograr un mejor combate a la delincuencia.
   
2. Analizar la situación actual de la seguridad pública preventiva, en los ámbitos federal, estatal y municipal.
   
3. Propiciar, a través de la participación ciudadana, que la autoridad preventiva cumpla en forma adecuada con la función de recibir solicitudes de apoyo y auxilio, de quien teme ser en forma inminente objeto de alguna conducta que violente su persona, su familia, su patrimonio o que ofenda a la sociedad.
   
4. Promover, entre la población, la cultura de la prevención y la denuncia para combatir el delito, desde todos los ámbitos, logrando también la mayor participación social en este punto, permitiendo un efectivo combate a la impunidad.
   
5. Elaborar un estatuto de obligaciones que fije la responsabilidad, el desempeño ético y profesional de los miembros de las corporaciones de seguridad pública, a efecto de fortalecer la carrera policial en todos los órdenes de gobierno.
   
6. Gestionar la asignación de mayores recursos económicos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los cuerpos policiales de la República cuenten con suficiente gasto corriente, equipo, capacitación, operación, homologación e infraestructura.
   
7. Propiciar una exhaustiva revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para los temas de asignación y ejercicio del gasto, particularmente en lo referente a los artículos 44, 45 y 46 de la mencionada ley, con relación a los gastos de operación de los ejes y programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública convenidos en las entidades federativas.
   
8. Incluir en el Sistema Educativo Nacional, como parte curricular de los planes y programas de estudio, el respeto a los derechos fundamentales del ser humano como la vida, la libertad, la integridad física, la propiedad privada, así como el conocimiento general de los límites de la ley y la definición de delito (qué es, cuándo se comete, y quién es responsable), además el respeto a las instituciones encargadas de la seguridad pública, y
   
9. Asegurar la coordinación de todas las instancias relacionadas con la seguridad pública preventiva, así como la participación ciudadana a manera de una auditoria social.

 

2.- Procuración de Justicia:

1. Optimizar la capacidad institucional del estado en materia de procuración de justicia.
   
2. Analizar la situación actual de la procuración de justicia, en los ámbitos federal y local revisando su marco normativo.
   
3. Recibir y analizar propuestas para agilizar el trámite de integración de la averiguación previa, conscientes de que el ciudadano, en la etapa de procuración de justicia, tiene derecho a que sus denuncias le sean recibidas, con respeto a su dignidad y a sus derechos humanos; así como que sean investigadas y resueltas, conforme a derecho, en forma pronta y expedita.
   
4. Estudiar la posibilidad de aplicar mecanismos jurídicos alternativos, para solucionar conflictos de carácter penal en delitos no graves, como la mediación, previa la reparación del daño y el perdón del ofendido.
   
5. Modernizar el equipo y adecuar la infraestructura institucional.
   
6. Asegurar la coordinación de todas las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
   
7. Fomentar la participación ciudadana en las tareas de procuración de justicia, y
   
8. Asegurar que todos los trabajadores de procuración de justicia sean debidamente profesionalizados para el desempeño de sus funciones y actualizados en ellas permanentemente.

 

3.- Administración de Justicia:

1. Construir una política criminal integral, eficaz y articulada entre los sistemas de seguridad pública, procuración de justicia y ejecución de sanciones penales.
   
2. Analizar propuestas para que el proceso penal sea oral, público y transparente, con reglas y procedimientos puntuales y específicos, y medidas para su cumplimiento y observancia.
   
3. Analizar propuestas para establecer un sistema basado en las garantías individuales, que respete los derechos humanos de los menores de edad pero que sancione sus conductas antisociales.
   
4. Analizar la situación actual de la administración de justicia, en los ámbitos federal, local y municipal.
   
5. nalizar el Programa Nacional de Justicia Cívica de Barandilla, propuesto por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
   
6. Pugnar para que el trato que reciben la víctima y los ofendidos de un delito, sea respetuoso, que se les informe del avance del proceso y que se les garantice la reparación del daño material y moral.
   
7. Garantizar al ciudadano que su agravio efectivamente se traducirá en una sanción en contra del ofensor, reduciéndose al mínimo las molestias que el ofendido reciba en los procesos.
   
8. Lograr que el personal que labora en la Administración de Justicia, recuerde siempre su calidad de servidor público, frente a los ciudadanos.
   
9. Analizar medidas jurídicas alternativas a la pena de prisión.
   
10. Analizar propuestas para modernizar y agilizar el procedimiento penal.
    
11. Estudiar y proponer la aplicación de procedimientos alternativos para la resolución de conflictos en delitos no graves.
    
12. Procurar que las reformas legales permitan establecer la ampliación del universo en el cual el Juez pueda imponer como sanción el trabajo comunitario y la efectiva reparación del daño.
    
13. Asegurar la coordinación de todas las instituciones relacionadas con la administración de justicia, así como la participación ciudadana, e
    
14. Implementar los procedimientos para que todos los trabajadores de la administración de justicia sean debidamente profesionalizados para el desempeño de sus funciones y actualizados permanentemente.

 

4.- Sistema Penitenciario:

1. Realizar un análisis acerca de la realidad actual del Sistema Nacional Penitenciario; específicamente en los puntos concernientes a su población; infraestructura instalada; tratamientos; ejecución de la pena y reinserción social.
   
2. Exponer y analizar una serie de alternativas para la Reforma Integral del Sistema Nacional Penitenciario, especialmente las que tienen la finalidad de asegurar un espacio digno a cada recluso y acabar con la sobrepoblación; ampliar el sistema de instituciones abiertas; promover la firma de convenios interestatales para la reubicación de reos; y establecer procedimientos adecuados para grupos vulnerables.
   
3. Buscar las formas para garantizar la entrega ágil, oportuna y suficiente, de los apoyos federales a las entidades federativas, para la operación de los centros preventivos y de readaptación social, vía socorro de ley.
   
4. Establecer las bases para que el Ejecutivo Federal y las entidades federativas convengan, de manera clara y respetuosa de la soberanía de los estados, las acciones para mejorar las condiciones de reclusión, atención y tratamiento de los internos federales en los centros de readaptación social de las entidades federativas, fijando un mecanismo ágil para su revisión y actualización anual.
   
5. Gestionar los recursos necesarios, para la construcción de un mayor número de Centros Federales de Readaptación Social, atendiendo a las necesidades de las diversas regiones del país, acorde a sus respectivas poblaciones penitenciarias, apoyando además a las entidades federativas con la construcción de centros de mínima seguridad, en los cuales se recluya a aquellos procesados y sentenciados que revelen mínima peligrosidad social.
   
6. Promover la creación de un fideicomiso especial que garantice la reparación del daño y la operación de los centros penitenciarios, con recursos derivados del decomiso de bienes producto de delitos como el contrabando, el narcotráfico y otros relacionados con la delincuencia organizada.
   
7. Establecer un adecuado procedimiento, claro y transparente, con tiempos perfectamente determinados, para que los reos federales reciban los beneficios preliberacionales en términos de ley.
   
8. Analizar los métodos más adecuados para desarrollar la industria penitenciaria y su marco normativo a fin de que coadyuve con los gastos de operación de los centros y cumpla con el tratamiento básico, el que deberá ser obligatorio.
   
9. Analizar la viabilidad de crear la figura jurídica de los jueces de ejecución de sanciones penales, así como otras alternativas relacionadas con el tema.
   
10. Establecer programas de reinserción social efectivos, creando un entorno social de apoyo a liberados, que permita que quienes han compurgado su condena debidamente o recibido algún beneficio preliberacional, tengan la posibilidad de incorporarse a la vida útil en la comunidad, realizando para ello una verdadera coordinación con los empleadores.
    
11. Organizar un registro nacional computarizado de la información penitenciaria, y
    
12. Asegurar la profesionalización y actualización permanente de los trabajadores de los sistemas penitenciarios.
    
    
    

III.- ESTRUCTURA DE DECISIÓN:

El Foro contará con la siguiente estructura de decisión:

1. Un Consejo Directivo
2. Una Coordinación Técnica
3. Una Dirección Ejecutiva
4. Cuatro Mesas de Análisis y Propuestas

1.- El Consejo Directivo:

El Consejo Directivo, será el órgano rector del Foro, conduciendo el desarrollo de sus actividades con una visión integral acorde con sus objetivos generales y sus principios.

Estará conformado como sigue:

1. Los Gobernadores de los Estados de Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Sonora y México,
   
2. El Secretario de Seguridad Pública Federal.

El Consejo Directivo será presidido por el Gobernador del Estado de Sonora, en su calidad de Coordinador de la Comisión de la Reforma Integral Penitenciaria de la CONAGO.

Cada uno de los titulares del Consejo Directivo contará con su respectivo suplente.

El Consejo Directivo evaluará las propuestas ejecutivas que le presente la Coordinación Técnica validándolas, en su caso, como definitivas.

Las reglas no previstas en la presente Convocatoria y las demás decisiones que sean necesarias para la eficaz operación y realización del Foro, serán emitidas por el Consejo Directivo.

Este Consejo tomará sus decisiones por unanimidad de sus integrantes.

 

2.- La Coordinación Técnica :

La Coordinación Técnica quedará integrada por un funcionario designado por cada uno de los miembros del Consejo Directivo.

La Coordinación Técnica tendrá a su cargo la organización de los foros y seleccionará las propuestas ejecutivas presentadas por las Mesas de Análisis y Propuestas que formarán parte de las conclusiones del Foro.

La Coordinación Técnica tendrá la responsabilidad de impulsar que las propuestas aprobadas por el Consejo Directivo alcancen los objetivos planteados en este Foro.

La Coordinación Técnica tomará sus decisiones por unanimidad de sus integrantes.

 

3.- La Dirección Ejecutiva :

La Dirección Ejecutiva de la Convención quedará a cargo de la Secretaría Técnica de la CONAGO, en todo lo relativo a la coordinación logística.

 

4.- Las Mesas de Análisis y Propuestas:

Se tratarán cuatro temas en las siguientes áreas:

Mesa 1.- Sistema Penitenciario
Mesa 2.- Seguridad Pública Preventiva
Mesa 3.- Procuración de Justicia
Mesa 4.- Administración de Justicia

Estos temas serán discutidos en cuatro mesas de análisis, en las siguientes sedes y fechas:

Hermosillo, Sonora, 23 y 24 de septiembre de 2004
Saltillo, Coahuila, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004
Tlaxcala, Tlaxcala, 7 y 8 de octubre de 2004
Mérida, Yucatán, 14 y 15 de octubre de 2004

Cada reunión tendrá como tema rector:
Sonora Sistema Penitenciario
Coahuila Seguridad Pública Preventiva
Tlaxcala Procuración de Justicia
Yucatán Administración de Justicia

En cada una de las sedes se abordarán los cuatro temas.

Las conclusiones de las cuatro reuniones nacionales temáticas, serán presentadas en una Reunión Nacional de Conclusiones, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en el Estado de México.

Para la Reunión Nacional de Conclusiones se integrará una Comisión Redactora, integrada por un representante de cada una de las entidades federativas y funcionarios de las instancias federales que hayan participado en los foros nacionales.

Las cuatro Mesas de Análisis y Propuestas estarán presididas por especialistas en la materia a invitación de la Coordinación Técnica.

Cada Mesa nombrará a una Comisión Redactora que será la encargada de elaborar las conclusiones.

Quien presida las mesas de trabajo coordinará todo lo referente a la celebración de las mismas.

Las mesas serán integradas por los especialistas invitados por la Coordinación Técnica del Foro.

La cantidad e integración de los miembros de las Mesas se determinará en función del número y de la naturaleza de los temas.

Las Mesas de Análisis y Propuestas, conocerán las ponencias que se presenten y realizarán los estudios y análisis respectivos.

Elaborarán y votarán por mayoría simple las propuestas ejecutivas, que se llevarán ante la Coordinación Técnica.

 

IV.- METODOLOGÍA:

Las propuestas presentadas en las mesas de trabajo y aceptadas por éstas, se sujetarán a la metodología de trámite y al formato que señale la coordinación de la mesa.

Las propuestas deberán incluir:

1. Un planteamiento preferentemente fundado y motivado de acuerdo con el marco normativo vigente.
2. Un resumen ejecutivo.
3. Un diagnóstico técnico e impacto respectivo.
4. Soluciones alternativas.

Las propuestas que no sean presentadas en los foros nacionales se recibirán en la Dirección Ejecutiva del Foro, sita Calle Montecito 38 (Torre WTC), piso 21, oficina 23, Colonia Nápoles, CP 03810, Distrito Federal, en un máximo de diez cuartillas, enviando además el archivo electrónico en disquete de 3 1/2 pulgadas, o bien por correo electrónico a la dirección: foro@seguridadyjusticia.org.mx teléfonos (0155) 54-88-24-26. El plazo límite para recibir las ponencias, será el día 15 de octubre de 2004.

V.- SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y DECLARATORIA A LA NACIÓN:

Las conclusiones del Primer Foro Nacional de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia serán presentadas en la Reunión Nacional de Conclusiones, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2004 en el Estado de México y serán encauzadas al proceso legislativo, haciéndose del conocimiento de todos los mexicanos, mediante una declaración solemne que destaque la esencia de los cambios estructurales, su trascendencia y los compromisos asumidos por los diferentes sectores participantes en la ejecución del plan y programas de mediano y largo plazos, para su implementación.