Conclusiones de Tlaxcala
Procuración de Justicia

Distinguidas personalidades del presidium.

Señoras y señores que hoy nos acompañan a la celebración de este importante acto.

Referirse a la Procuración de Justicia, significa hablar de una Institución concebida como una herramienta para vigilar el orden de la convivencia social, promotor de la legalidad y garante del Estado de Derecho.

Como consecuencia de estas importantes tareas, ante la comisión de un delito, el Ministerio Público se convierte en persecutor de aquellos individuos que transgreden las normas jurídicas que rigen nuestra vida en comunidad, con la finalidad de lograr proteger a las víctimas, pugnar por que a estas les sean restaurados sus derechos y vigilar que a los delincuentes les sean aplicadas, con eficacia, las sanciones previstas por nuestro orden jurídico, para controlar, reprimir y desalentar esas conductas que lastiman nuestros valores, derechos y bienes más preciados.

Esa tarea, sencilla de comunicar con tan pocas palabras, se ha convertido en un trabajo arduo para la autoridad encargada de combatir el delito, delicado por sus consecuencias y de constante reclamo social.

A ese justo reclamo social, no cabe duda, el Estado debe responder con prontitud, con eficacia y con resultados que sean evidentes para la sociedad.

En efecto, a lo largo de estas consultas, hemos recogido de viva voz de la ciudadanía, de especialistas, de estudiantes, de servidores públicos y en fin, de tantos actores sociales interesados en erradicar la inseguridad, la corrupción, la impunidad, no solamente su evidente rechazo a estas conductas, sino valiosas aportaciones para mejorar la procuración de justicia en las entidades de donde provenimos y en nuestro país.

Con estas propuestas habremos de multiplicar nuestros esfuerzos, para perfeccionar los procedimientos de procuración de justicia, así como el desempeño de los servidores públicos que intervienen en los mismos y reforzar los mecanismos de protección a las víctimas del delito, pero además, de manera especial, incrementar el contacto y colaboración que necesariamente debe darse entre ciudadanos y autoridades, pues la magnitud de la tarea que enfrentamos, sin duda, requiere de un decidido esfuerzo conjunto.

A continuación, expongo a ustedes las conclusiones representativas de estos trabajos:

Que las víctimas del delito tengan la posibilidad jurídica de participar como parte en el procedimiento penal, desde la Averiguación Previa, reformando para ello el artículo 20 constitucional apartado b, fracciones I y II, sin perjuicio de sus derechos de coadyuvancia y asesoría jurídica.

Cuando el sistema de seguridad se ve transgredido, resulta indispensable garantizar a la víctima del delito, las condiciones necesarias para que logre, la eficaz reparación del daño y la defensa directa de sus intereses y derechos, por ello se propone alentar la realización de las reformas Constitucionales y legales necesarias, entre ellas, la correspondiente a las fracciones I y II del Apartado B del artículo 20 Constitucional, de tal manera que la víctima del delito pueda actuar directamente en el proceso penal, como parte del mismo, sin el requisito indispensable de la intermediación del Ministerio Público, a efecto de fortalecer los instrumentos legales que le garanticen una mejor defensa de sus intereses jurídicos, entre ellos el derecho a recibir la asesoría profesional suficiente, con el propósito de lograr un mejor punto de equilibrio entre las partes en el proceso penal.

Impulsar la aprobación de las reformas correspondientes, a efecto que la designación de los procuradores generales de justicia,de los estados y del Distrito Federal, sean aprobados por los poderes legislativos de las entidades respectivas, de acuerdo con la propuesta de una terna que presente el titular del ejecutivo correspondiente.

En efecto, con la decisión de fortalecer el sistema de procuración de justicia y con ello la confianza de la generalidad de los ciudadanos en sus instituciones, se propone que los procuradores generales de justicia ya no dependan totalmente del poder ejecutivo, en cuanto a su designación, permanencia y remoción en el cargo, sino que estos procedimientos se sujeten a la aprobación del poder legislativo, para que se fortalezca la autonomía técnica y operativa del Ministerio Público, a efecto de integrar órganos de procuración de justicia, dignos de responder a los reclamos de la ciudadanía, para que en la medida de su evolución, en el futuro lleguen a constituir órganos dotados de plena autonomía, incluso con personalidad y patrimonio propios.

La protección a los derechos de los menores como víctimas del delito, requiere una revisión general y atención urgente e integral de parte de las autoridades competentes, por lo que se requiere examinar la conveniencia de ampliar los supuestos en los cuales el menor, en su calidad de víctima, tenga la posibilidad jurídica de ser relevado del desahogo de los careos a que se refiere el artículo 20, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para todos aquellos casos, además de los relativos a violación o secuestro, en que por la gravedad de los delitos, se produzca un daño psicológico tal, que no le permita ser enfrentado a su agresor.

Para fortalecer la función de los órganos de procuración de justicia y lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia, es necesaria la participación de la sociedad para abatir la impunidad, mediante la práctica de la denuncia.

Para tal efecto, es indispensable fomentar a través de los medios masivos de comunicación, el ejercicio ciudadano de denuncia, como un medio efectivo de coordinación social e institucional, para detener y vencer las conductas ilícitas.

Se propone invitar a todos los sectores sociales a diseñar las campañas estatales y nacionales de comunicación, que estimulen las acciones tendientes a la formalización de la denuncia .

Los esfuerzos institucionales para profesionalizar al personal que integra las diversas áreas de procuración de justicia, resultan indispensables en su continuidad y perfeccionamiento, como respuesta a los reclamos de la sociedad para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos.

Se pretende lograr en el mediano plazo, un cambio radical en su actuación e imagen, para alcanzar el cambio institucional esperado por la sociedad.

Para ello se propone reforzar las siguientes tareas:

• Reestructurar los procedimientos de selección y reclutamiento del personal mediante evaluaciones eficaces y determinar su adscripción oficial, conforme a sus habilidades y experiencias.
• Capacitar a los elementos de nuevo ingreso con énfasis en las materias de derechos humanos y victimología, a fin de lograr una mayor calidad profesional y cercanía a la sociedad, en la procuración de justicia.
• Fomentar valores éticos que inculquen una mística de servicio, a efecto de brindar, en el ejercicio de sus funciones, un apoyo solidario a la sociedad;
• Consolidar un servicio civil de carrera que incentive la superación y el ascenso del personal, de acuerdo con los méritos logrados en el desempeño de su encargo.
• C rear o consolidar institutos académicos estatales o regionales de excelencia que formen especialistas en las ciencias penales.
• Modernizar con nueva tecnología el equipamiento de las instituciones procuradoras de justicia para la investigación del crimen.
• Incrementar los recursos federales y estatales para la capacitación y actualización técnico-legal de agentes del Ministerio Público, elementos de la policía ministerial o judicial, de servicios periciales y de las policías preventivas municipales.

Se propone la adopción de procedimientos alternativos de solución de conflictos como un medio de simplificación de la procuración de justicia; través de la negociación, mediación, conciliación, arbitraje y amigable composición.

Para tal propósito, deberá legislarse a fin de establecer el marco jurídico operativo que determine las hipótesis legales en las cuales será factible la aplicación de esta propuesta.

Es obligación constitucional de los órganos del estado hacer efectiva la garantía de impartición de justicia de manera pronta y expedita, en beneficio de la sociedad, por lo que ante la evidente saturación del trabajo, por el alto número de procedimientos que se deben desahogar, es necesario acudir a estos medios alternativos.

Lo que se busca es reducir la complejidad, que de suyo tiene la tramitación del procedimiento penal, para alcanzar soluciones rápidas, que al mismo tiempo sean justas y efectivas para lograr el reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y sobre todo la reparación del daño, así como una opción que evite la imposición de penas privativas de libertad.

Es indispensable que las autoridades de procuración de justicia, refuercen los mecanismos de cooperación y coordinación regional, respecto al diseño y aplicación de políticas públicas, a fin de enfrentar las conductas delictivas de mayor impacto social.

Se propone la homologación de tipos y penas, para que las autoridades locales y federales, puedan coordinar una eficaz investigación, persecución y sanción de las conductas criminosas. El propósito es abatir los índices de impunidad y garantizar la seguridad jurídica de la sociedad.

Estas medidas de coordinación, homologación y suma de esfuerzos y recursos en el combate a la delincuencia, sugieren el establecimiento de un Código Penal y uno de Procedimientos Penales, únicos para toda la República Mexicana, con respeto a los fueros y jurisdicciones federal y locales, por lo que se propone realizar los estudios necesarios para su viabilidad.

Ante el avance del narcotráfico Lograr la aprobación de las reformas constitucionales y legales correspondientes para que se pueda legislar en materia de narcomenudeo, en las entidades federativas, a efecto de que las autoridades locales puedan contar con los instrumentos legales suficientes para combatirlo con eficacia.

Se propone además, que a través del FOSEG, se proporcionen los recursos para la capacitación y actualización del personal de procuración de justicia, como un medio para enfrentar coordinadamente con las autoridades federales el combate al narcomenudeo, por parte de las procuradurías generales de justicia del país, de tal manera que las estructuras paralelas que se creen en los distintos niveles de gobierno que enfrenten este problema actúen bajo criterios homogéneos.

Se propone la creación de un centro de atención a victimas del delito en aquellas entidades donde aún no lo haya, o en su caso la consolidación y perfeccionamiento de los ya existentes, a efecto de que se proporcione atención adecuada e integral a las personas que a consecuencia de la conducta ilícita que hayan sufrido, requieran los apoyos psicológico, médico, legal y de orientación social, entre otros, para superar los conflictos motivados por esa circunstancia. Asimismo, como medio para reforzar las acciones tendientes a estudiar las formas de hacer efectivo el derecho a la reparación del daño y la protección a los demás derechos de las víctimas, para evitar

Esta medida tiene por objeto dejar atrás, de manera definitiva, esa cultura que perseguía de manera primordial la represión de las conductas delictivas y la imposición de la pena de prisión, para los delincuentes, por otra que independientemente de buscar esas metas, coloque a la víctima del delito en un sitio preponderante, desde el cual logre verdaderamente, resarcirse de los daños sufridos.

La colaboración de la ciudadanía de manera individual u organizadamente, representa un apoyo fundamental para luchar contra la delincuencia, desde la fase de prevención del delito y en la de procuración e impartición de justicia, al igual que en la de aplicación del sistema penitenciario, por lo que sus aportaciones y participación, deben incrementarse de manera sustancial.

Por ello se propone lo siguiente:

• Intercambiar experiencias en materia de colaboración con la comunidad, con el fin de enriquecer los esquemas de participación ya existentes en los Órganos de Procuración de Justicia.
• Difundir los logros alcanzados con la colaboración activa de la ciudadanía, a fin de que sean conocidos no solo por las mismas Procuradurías, sino por la sociedad en su conjunto, a efecto de estimular la participación social.
• Crear consejos de coordinación o colaboración con la sociedad civil, otorgándole la oportunidad e intervención que le corresponde a las organizaciones sociales, para que sus diagnósticos puedan ser tomados en consideración, dentro de la planeación de las tareas a cargo de los órganos de seguridad y de procuración de justicia.
• Tomar en consideración las propuestas ciudadanas para mejorar todos los parámetros de valuación y desempeño en la procuración de justicia.

Las conclusiones expuestas representan una parte importante de los trabajos realizados en la mesa III que condujo los trabajos en materia de Procuración de Justicia y junto con las demás ponencias ahí recibidas, serán turnadas a las instancias competentes para su instrumentación, con el compromiso de la Conferencia Nacional de Gobernadores de seguir coadyuvando en el enriquecimiento de las medidas propuestas, para beneficio de la sociedad a la que nos debemos.